Santo Domingo.- La Junta Central Electoral se encuentra en un momento único. Las dudas en las primarias que causaron la división del PLD, el fracaso de las elecciones en febrero, y su manejo general en los últimos tiempos han causado una pérdida de confianza en nuestro órgano electoral. No obstante, esta coyuntura nos ha presentado una valiosa oportunidad. Rara vez existe consenso a través de todos los sectores con respecto a las reformas que deben hacerse. Esta crisis es uno de esos momentos excepcionales. La sociedad civil, el partido gobernante y la oposición concurren a la hora de entender que es necesario un cambio importante en nuestra Junta Central Electoral. La Junta debe ser multidisciplinaria, con miembros capacitados de diferentes profesiones, de manera que no se repitan los errores de las pasadas elecciones. Y de manera que puedan implementarse cambios integrales en un registro civil que se ha estancado en el pasado.
Desde el punto de vista de una Ingeniera de Sistemas, entiendo que como país enfrentamos deficiencias fundamentales a la hora de organizar y ejecutar nuestros procesos electorales. Y desde este mismo punto de vista procesal, existen diversas medidas que pueden ser tomadas para blindar nuestro proceso electoral. Entre ellas están establecer la revisión del proceso electoral pasado para identificar las fallas y corregirlas de cara a los próximos comicios. Es también imperativo estandarizar y documentar todos los procedimientos relacionados con el proceso electoral, de manera que el éxito de las elecciones no recaiga en los funcionarios que trabajan en el proceso y su capacidad de resolver los inconvenientes que se presentan, como sucede en la actualidad. En la misma tesitura es necesario regular y transparentar los procesos de selección y nombramiento de los funcionarios de colegios electorales y de las juntas municipales, así como la recusación e impugnación de estos, en caso de que comentan faltas. También debemos elaborar un cronograma detallado del proceso electoral y todos los departamentos envueltos, así como también la ruta crítica, para tratar de minimizar los posibles retrasos.
Debemos destacar también que la nueva Ley de Partidos nos dota de una herramienta jurídica poderosa, y que su correcta implementación de por sí constituiría un avance importante. Con respecto a esto debemos mejorar los procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos para asegurar que se inviertan como dice la ley. La ley asigna un porcentaje obligatorio que debe ser destinado a la educación de los miembros de los partidos. Ser miembro de un partido debe ser una experiencia constructiva no solo a nivel colectivo, pero a nivel personal también, y asegurar una buena educación de sus miembros tanto en teoría e historia política como también en valores elevaría el nivel general de nuestra democracia y fortalecería nuestras instituciones.
Pero mirando más allá de las elecciones, entendemos que los beneficios de tener una junta multidisciplinaria no terminan en los comicios. Necesitamos eficientizar todos nuestros procesos. Los trámites del registro civil deben ser sencillos y convenientes, ya que el ciudadano debe ser incentivado a realizarlos. Debe existir una plataforma virtual de solicitud de documentación del registro civil. ¡Que no sea necesario trasladarse y hacer largas filas para obtener un Acta de nacimiento! Todo esto ha sido puesto aún más en evidencia en estos tiempos de pandemia.
Debemos de igual manera unificar los actos del estado civil de la persona. Esto es que todos los actos del estado civil de una misma persona estén una misma base de datos. Actualmente, los nacimientos se registran en un libro, los fallecimientos en otro, los matrimonios en otro y así sucesivamente. Implementando esto evitaríamos en gran medida la suplantación de identidad.
Otro gran problema está en el soporte en materia de registro civil de nuestras comunidades dominicanas en el extranjero. Sólo existen 16 juntas fuera de nuestro país, colocando así al dominicano viviendo en el extranjero en una posición muy difícil a la hora tanto de votar como de realizar cualquier trámite. Entendemos que con la cooperación del Servicio Exterior, debemos capacitar y dar el soporte necesario a los cónsules para que puedan ejercer de manera plena las funciones del registro civil. Esto facilitaría a los ciudadanos en el exterior la realización de estos trámites.
Igualmente, se debe crear una plataforma de acceso directo al Registro Civil desde las instituciones estatales que lo requieran, “una plataforma de comunicación interinstitucional”. No es posible que tengamos que sacar un acta en una oficialía para luego llevarla físicamente a otra dependencia del estado. Las instituciones que necesiten insumos de la Junta deben tener canales de comunicación directos con la misma. Esto tendría un impacto no solo en la conveniencia de la realización de trámites por parte del ciudadano, quien también se beneficiaría de una reducción en costo del trámite, pagando menos transporte, y en ahorro de tiempo. A nivel institucional se reducirían los errores materiales, el espacio de almacenamiento, y la carga ambiental que vienen con el archivo y el papeleo físico, como también los costos del material gastable asociado. La digitalización integral del registro civil no debe ser el futuro, sino cosa del presente.
Solo una Junta compuesta por un equipo multidisciplinario, con personas con experiencia tanto en materia legal, como en gestión, tecnología e ingeniería de sistemas o industrial, estaría capacitada para gerenciar y traer a nuestro órgano electoral y de registro civil al siglo XXI. Y solo una Junta imparcial, tendría la legitimidad necesaria para reconstruir una imagen abatida por los recientes acontecimientos. La presente crisis es el momento perfecto para elevar nuestra Junta Central Electoral a la altura de este reto.